ACTUACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL, DE LA COMUNIDAD Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE LA EPIDEMIA DEL COVID19.

 

El primer caso de coronavirus detectado en España se dio el día 31 de enero de 2020, sin embargo, y aunque hubo comentarios e informes sanitarios durante el mes de febrero sobre esta enfermedad, no fue hasta el día 14 de marzo cuando el Gobierno Central decretó el Estado de Alarma, con el objetivo de centralizar la toma de decisiones, poder limitar los movimientos de los ciudadanos y clausurar industrias y comercios.

Este Estado de Alarma, fue prolongado por el Gobierno Central durante 98 días, desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio, con visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Congreso cada 15 días para poder ir aumentando la duración de éste.

Su actuación del decreto del Estado de Alarma fue, en mi opinión, la correcta, ya que los datos pasaron de 54 infectados el día 1 de marzo, a 1720 nuevos casos el día 13 de este mismo mes, por lo que su decisión, aunque brusca, fue la comedida para frenar la propagación de esta epidemia.  No obstante, durante la prolongación de este Estado por más de tres meses, se observaron constantes disputas entre los partidos políticos y muchas críticas a la actuación del Gobierno Nacional y del presidente de éste, disputas que solo generaban aún mas desesperación entre los ciudadanos y que no contribuían a la mejora de la situación epidémica.

Tras más de tres meses de confinamiento, en los que hubo más liberaciones para los ciudadanos a partir del mes de junio (paseos en distintas franjas horarias, agrupaciones de un número de personas…), el día 21 de este mes de junio de 2020 terminó el estado de alarma, prorrogado hasta en seis ocasiones por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas. Sin embargo, y a pesar de la liberación a una “nueva normalidad”, comenzaron, una vez más, nuevas disputas, esta vez entre el Gobierno y las comunidades. Un tira y afloja por conseguir el control, que llevó a más discusiones, diferencias e indecisiones y a que la ciudadanía sintiese un desamparo y abandono.

Esta situación se está viendo claramente reflejada en la Comunidad de Madrid, donde se comenzaron a cerrar zonas básicas de salud. A principios de octubre el Ministerio de Sanidad ordenó el cierre de la capital y otros nueve municipios, Ayuso se opuso y presentó un recurso al TSJM para anular esa orden. Una semana más tarde, el TSJM comunicó su decisión de no avalar el cierre propuesto por el ministro Salvador Illa, lo que llevó de nuevo al cierre por zonas básicas de salud, y por parte del gobierno central a definir la imposición de un nuevo Estado de Alarma en la comunidad de Madrid. Este estado de Alarma ya finalizó y en la actualidad se ha vuelto al cierre por zonas básicas de salud que siguen ampliándose, ahora dentro del nuevo Estado de Alarma de seis meses de duración definido por el Gobierno para todo el país, en el que las Comunidades autónomas tienen competencias para tomar algunas decisiones.  

Aún seguimos dentro de una dinámica de constante confrontación entre los distintos estamentos políticos, en los que solo unos pocos han sabido estar a la altura de la situación. Bajo mi punto de vista,  las decisiones que se han tomado no han sido basadas principalmente en la mejor evidencia científica disponible, sino que se ha mantenido un continuo enfrentamiento político, sin respuestas equitativas, coordinadas y concretas. Hubiese sido necesaria una mayor unidad entre todas las instituciones mencionadas para conseguir así una mayor tranquilidad y claridad para todos los ciudadanos.